El informe se estructura en ocho capítulos. Hacemos un recorrido por sus contenidos más importantes. Por si alguien quiere luego entrar en faena.
Capítulo I:
La visión del desarrollo social en el siglo XXI.
Aunque parezca una perogrullada, pero lo primero es ponernos de acuerdo en qué entendemos por desarrollo social sostenible. Está claro que no basta con anotar el crecimiento de la renta per cápita. Las medidas estadísticas igualan a todos en una media que a veces tiene poco que ver con la realidad.
El informe FOESSA ha optado por un desarrollo social sostenible entendido como "un proceso centrado en el aumento de las capacidades de los individuos para decidir su futuro, sin alterar de forma significativa las capacidades de los hombres y mujeres del futuro de hacer lo mismo". Eso significa:
- mejorar la producción de bienes y servicios,
- reducir las desigualdades de acceso a los mismos,
- mejorar los sistemas de empleo,
- hacer una buena oferta de bienes públicos (salud, educación, vivienda) y protección social,
- promover el capital relacional (asociacionismo y relaciones humanas),
- atender a la mejora y conservación del medio ambiente.
Si tenemos estos aspectos en cuenta será más ajustado a la realidad el análisis de la sociedad española. No basta con medir el empleo ni el aumento del PIB. También seremos conscientes de que la pobreza económica no agota los mecanismos de exclusión social. Sabremos que el gasto público y el fomento del empleo son aspectos importantísimos pero que también es importante el fomento de unas auténticas relaciones humanas. En definitiva, el crecimiento económico no ha sido capaz de ofrecer lo que nos dijeron que se podía esperar de él: el bienestar y la felicidad para todos.
Capítulo II:
Desigualdad, pobreza y privación.
En este capítulo es donde, a partir de numerosos datos frutos de encuestas y estudios sociológicos, se afirma que se ha roto la tendencia presente en las décadas anteriores a 1990 a una mayor igualdad. Lo más notable es que ese cambio se ha producido en un contexto de crecimiento económico sostenido. Ese crecimiento no se ha traducido en mejoras para los hogares con menos recursos. Por tanto ni el alto crecimiento económico ni la creación de empleo son la soluciones mágicas que nos habían hecho creer. La desigualdad no ha disminuido sino lo contrario.
Y eso ha sido así por el tipo de empleo creado (no estable y con bajo nivel salarial) y por la continua bajada de los tipos impositivos lo que ha redundado en un menor gasto social y, por tanto, en una menor capacidad redistributiva del Estado. Así que la brecha ricos-pobres volvió a crecer a partir del primer tercio de los años noventa.
La pobreza sigue afectando a una quinta parte (20%) de los hogares españoles. Y hay una pobreza extrema enquistada que afecta a un 3 y pico por ciento de la población. En el periodo estudiado la pobreza ha dejado de reducirse, sobresale más por el crecimiento económico del contexto y es mayor que la media europea. Es evidente que el sistema de prestaciones sociales no es suficiente para rebajar los altos niveles de precariedad de la sociedad española.
Los grupos con mayor riesgo de caer o permanecer en ese ámbito de pobreza siguen siendo las personas mayores, el mundo rural, las mujeres más que los hombres. Pero el informe pone de manifiesto también la emergencia de dos grupos de población en situación de riesgo: la infancia (la tasa de pobreza infantil en España es mayor que la de la media de la población) y los inmigrantes, como un colectivo en el que por su misma realidad tiene menos posibilidad de acceder a las redes de protección social.
España registra además un alto porcentaje de pobreza transitoria (quizá por la misma conformación del mercado marcado por la temporalidad y la inestabilidad) que tiende a ser recurrente. “Los hogares peor situados en términos del índice básico de privación muestra un perfil más joven, más asalariado, más femenino, más urbano, más arrendatario de la vivienda y (poco a poco) también más extranjero. Un dato preocupante es la sobrerrepresentación de las familias con niños dentro del grupo que sufre simultáneamente baja renta y privación material, confirmando lo que decíamos más arriba de la emergencia de la infancia como una población de riesgo.
Capítulo III:
La exclusión social en España: un espacio diverso y disperso en intensa transformación.
El informe busca las señales que indican la exclusión social en tres grandes ejes: económico, político y social. Dentro de cada uno de ellos se han identificado situaciones claras que impliquen exclusiones de carácter extremo. Desde el principio se ha tenido en cuenta que tanto las familias como las personas pueden estar afectadas por más de uno de esos identificadores, es decir, que la exclusión es multidimensional.
El resultado del estudio indica que sólo la mitad de la población española se encuentra al margen de esos indicadores, en una situación que se podría llamar de integración plena. La otra mitad está afectada de una u otra manera por la exclusión social. Es lo que se podría llamar una exclusión social de leve a moderada y fuerte. Así, con problemas notables de integración se encuentra el 17,2% de hogares y con lo que podríamos llamar exclusión severa estarían el 5,3% de hogares (unos 80.000 hogares en España). Ellos deberían ser la prioridad máxima de las políticas y acciones orientadas a la integración social.
Todos los sectores de la población están afectados por la exclusión: los tradicionales (personas sin hogar, prostitutas, expresidiarios …) y otros nuevos (hogares monoparentales, personas con discapacidad, drogodependencias…). Las diferencias de género son importantes. Hombres y mujeres se ven afectados por igual pero las mujeres tienden a quedarse más en una situación de precariedad mientras que los hombres tienden a caer en la exclusión social severa. El factor étnico es también importante. Aunque los inmigrantes desarrollan en general un proceso rápido de integración son más vulnerables a caer en situaciones de precariedad. Pero son los gitanos el grupo social más afectado en este punto: el 34% está en exclusión severa.
El capítulo señala tres colectivos que deberían ser objeto de diferentes políticas sociales:
- La pobreza integrada: son los integrados (personas ancianas, con minusvalías o enfermedades crónicas…) pero con ingresos insuficientes. Para ellos las políticas redistributivas deberían ser suficientes.
- Los excluidos con dinero: son 1 de cada 10 hogares. No son pobres pero presentan diversos problemas de integración social (personas solas, inmigrantes, ancianos…). su problemática no debería quedar olvidada.
- Los excluidos pobres: deberían ser los primeros destinatarios de las políticas de integración incluyendo una garantía de ingresos mínimos. A estos se supone que se les aplicaba el llamado “salario social” pero la realidad es que después de dos décadas de su establecimiento apenas llegaba a 100.000 personas en 2005 y se redujo a menos de 97.000 en 2006. Habría que ampliar este servicio pero también aplicar otras políticas que posibiliten la integración de este grupo de medio millón de hogares que se ven afectados por una pobreza extrema y están en situación de exclusión severa.
Capítulo IV:
Políticas y bienes sociales. Procesos de vulnerabilidad y exclusión social.
Este capítulo se acerca a la cuestión de la exclusión desde la perspectiva de las políticas sociales y su relación con la transformación de los perfiles de vulnerabilidad social. Es el más largo del informe y por eso vemos en varios cuadros una síntesis de su contenido:
- EMPLEO
- PROTECCIÓN SOCIAL
- EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
- EDUCACIÓN
- SANIDAD
- SERVICIOS SOCIALES
Capítulo V:
Actores institucionales y sociales en las políticas sociales.
Se observa una cierta retirada del Estado en lo referente a las políticas sociales en favor de otros agentes territoriales (autonomías, ayuntamientos…) o institucionales (ong’s…), que en todo caso están en situación de dependencia financiera para llevar a cabo sus fines. Eso da lugar a unas políticas sociales relativamente desorganizadas y en parte descomprometidas en cuanto a sus efectos (fragmentación y falta de coordinación). Además hay una tendencia a contener o limitar el gasto en estas políticas. Como consecuencia, aumentan las capas de población en situación de vulnerabilidad social y persisten altas tasas de pobreza.
La contención relativa del Estado y la debilidad de los otros agentes (por su situación de dependencia y falta de coordinación) son factores que restan impulso al desarrollo social y al avance de los derechos sociales al tiempo que tienden a cristalizar las situaciones de vulnerabilidad social.
Capítulo VI:
Capital social y capital simbólico como factores de exclusión y desarrollo social.
Porque lo económico no lo es todo, el informe analiza también el mundo relacional en su relación con la exclusión. Y llega a la conclusión de que la exclusión social deteriora los vínculos, las comunidad y el marco de sentido del sujeto. Los pobres reducen más sus actividades de ocio, dejan de salir con amigos, pierden sus relaciones habituales y abandonan las asociaciones a que pertenecían con más facilidad. La experiencia de la exclusión produce experiencias extremas de confianza y desconfianza. Por otra parte, los individuos activos en asociaciones pierden menos relaciones cuando caen en problemas económicos.
Capítulo VII:
El modelo de inmigración y riesgos de la exclusión.
Las dos vías por las que los inmigrantes caen en la exclusión son la irregularidad (exclusión jurídica) y el desempleo (marginación laboral). Se constata que todas las reformas legales desde el 2000 ha ido en el sentido de rebajar los derechos y acrecentar los deberes de los inmigrantes. Habría que trabajar en el sentido contrario. Otro ámbito de exclusión es la escuela con todo lo que implica de integración de los menores.
Parece que crece la percepción de la inmigración como problema por parte de la población autóctona. Ha pasado del 17% al 34% entre 2001 y 2007, aunque la realidad es que la mayoría de los residentes extranjeros en nuestro país está trabajando y haciendo realidad un proyecto de bienestar e instalación familiar. Con todo en el proceso se observa un riesgo mayor de caer en situaciones de precariedad y/o exclusión.
Capítulo VIII:
España en el mundo.
En el despliegue de misiones de paz, España ha sido un socio activo en la comunidad internacional pero en cuanto a la ayuda humanitaria ha jugado un papel muy por debajo de su potencial. Sólo en los últimos años ha ido incrementando su ayuda hasta llegar en 2007 a un 0,4% del PIB, lejos todavía del 0,7% deseado pero en línea con los países más avanzados. En relación con el cambio climático España está en posición de franco retraso con respecto a los países de su entorno. Habrá que acelerar en ese campo. Queda pendiente el reto de una mejor articulación y coordinación del conjunto de la cooperación y la conclusión exitosa de la reforma del sistema de ayuda iniciada en 2005.
