La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) ha presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos un informe en el que denuncia la "falta de transparencia" del Gobierno de España en materia de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
El trabajo, elaborado por los abogados Cristina de la Serna y Carlos Villán Durán, pretende complementar los Informes Periódicos presentados por España ante el Comité, ya que según la organización, el Gobierno "no se refiere a la situación de las personas que se encuentran en los CIE" en los textos enviados.
Este informe basa su denuncia de "falta de transparencia del Gobierno" sobre los CIE en que el Ministerio del Interior "no ha publicado ninguna cifra oficial acerca del número de personas afectadas" y la única estadística disponible es la que recoge la Fiscalía en su memoria 2010, según la cual, 16.590 personas pasaron por uno de los nueve Centros españoles en 2009 y de ellas, 8.935 fueron expulsadas.
Con estas cifras, la organización denuncia que "la privación del derecho a la libertad de las personas no estuvo justificada en la mitad de los casos" porque no se ejecutó la expulsión, y concluye que por tanto, el internamiento es una medida "absolutamente desproporcionada" respecto del objetivo de regular las migraciones.
Así, destaca que se trata de "es una medida legislativa discriminatoria, contraria al derecho a la libertad y a la seguridad jurídica" que resulta "contraria" a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
En este sentido, destaca que el régimen de internamiento en España "no respeta la propia legislación española de extranjería" ya que tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía y las ONG "han descrito" condiciones inhumanas de internamiento en todos los CIE; frecuentes abusos y malos tratos; dificultades y trabas para acceder al Juez, al Fiscal, a sus abogados, familiares, asistencia médica".
"Todo ello documenta otras violaciones de derechos humanos no derogables, tales como el derecho a la integridad física y moral, así como el derecho a un recurso efectivo", explica el informe, para incidir en que en estas instalaciones policiales "tampoco se respetan los derechos económicos sociales y culturales de las personas internadas".
Para AEDIDH, España debería seguir las recomendaciones del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de los migrantes de la ONU y sustituir el internamiento por otras medidas cautelares "que sean compatibles con el derecho a la libertad y seguridad de todas las personas y no discriminatorias", entre las que cita la notificación periódica a las autoridades o el depósito de una garantía financiera.
