La Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos), frente a las amenazas de muerte de las que es objeto el P. César Espinoza, CMF., y dirigentes de las comunidades del sector La Florida en el Departamento de Atlántida, que se oponen a la implementación de un proyecto de explotación y extracción minero en la región, manifestamos lo siguiente ante la opinión pública nacional e internacional:
PRIMERO: Denunciamos que el día 28 de enero del año 2013, el P. César Espinoza, CMF y las hermanas religiosas Mensajeras de la Inmaculada, recibieron amenazas de muerte por "supuestos trabajadores mineros" a través de mensajes de textos enviados al teléfono celular del sacerdote en mención. En esta última semana, el P. César, ha estado recibiendo advertencias de no ingresar a la región del sector Florida por parte de su feligresía ya que hombres armados han manifestado que atentaran contra su vida. Estos ataques y amenazas han repercutido en su labor pastoral y evangelizadora en la zona.
SEGUNDO: Tales amenazas hacen relación a su tarea de acompañamiento a las comunidades que se oponen a la explotación minera en su región. Comunidades que están viviendo el acoso, amenazas y situaciones de riesgo, desde hace más de 10 años por su determinación firme en contra de la explotación minera a cielo abierto. De igual manera, han sido comunidades en donde se le ha robado la capacidad de decisión, puesto que no han sido consultadas con respecto a estos proyectos de explotación y extracción minera en la zona. Por tanto, las instituciones del estado, junto a las autoridades locales y empresariales han obviado la opinión de las comunidades, manejándose en la esfera del secretismo y a conveniencia de los empresarios.
TERCERO: Esto queda evidenciado a través de amenazas, persecuciones, intimidaciones con armas de fuego, cierre de escuela debido a la inseguridad en la región, acusaciones y señalamientos por parte de la policía y el empresario minero, al Padre César, al equipo misionero, y a los dirigentes de las comunidades. Estas situaciones de violación de los derechos humanos, pueden ser sustentadas a través del testimonio de cada uno de los afectados y a través de las denuncias formales que se han interpuesto en las respectivas instancias de justicia del municipio y del departamento de Atlántida.
CUARTO: Repudiamos el clima de desasosiego que impera en las comunidades propiciado por elementos armados a sueldo que atemorizan y hostigan a quienes se oponen al nefasto proyecto, así como la participación de la Policía Nacional en la represión y persecución emprendida contra los dirigentes de las comunidades campesinas que se organizan para rechazar este proyecto minero.
QUINTO: Ratificamos que la relación del P. César Espinoza con las comunidades del sector Florida se enmarcan en el Evangelio de Jesús, la Doctrina Social de la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia Latinoamericano y las directrices de nuestra Congregación Religiosa. La actuación del P. César, se enmarca dentro del compromiso cristiano y como pastor de las comunidades que se le ha encomendado, frente a situaciones que requieren el acompañamiento cristiano y humanitario de misioneros como él, ante evidentes violaciones contra los derechos humanos de las personas y de las comunidades. Afirmamos que su praxis pastoral se enmarca en la praxis pastoral de Jesús que anunció el Reino de Dios: reino de vida, fraternidad e igualdad para todos. Y en las palabras de Jesús que nos dice: "Yo he venido al mundo para que tengan vida en abundancia" (Jn 10,10). Por lo tanto, como Congregación Religiosa establecida por más de 40 años en Honduras, y de manera particular, en el Departamento de Atlántida, nos solidarizamos, apoyamos y respaldamos el trabajo misionero que realiza el Padre César Espinoza,CMF., en esa región.
SEXTO: Advertimos que las amenazas contra el P. César no se refieren a él sólo. Los Misioneros Claretianos de Centroamérica denunciamos que, las comunidades del sector Florida están siendo amedrentadas y atemorizadas por hombres fuertemente armados contratados por el empresario minero. Rechazamos todo tipo de amenazas contra los líderes comunitarios.
SÉPTIMO: Responsabilizamos al empresario Lenir Pérez, a las fuerzas de seguridad del Estado y a las autoridades locales, de cualquier atentado contra la vida e integridad física del P. César Espinoza y de los miembros de las comunidades que en su legítimo derecho se oponen a la actividad minera en su región. Deploramos la soberbia de este empresario que afirma que expulsará del país al P. César Espinoza por el hecho de ser extranjero y sentir que su trabajo pastoral atenta contra sus intereses económicos.
OCTAVO: Exigimos a las autoridades nacionales la realización de una investigación diligente y efectiva sobre los hechos denunciados y hacemos un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que le den seguimiento a este caso, de manera que sus delitos no queden impunes y sean sancionados ejemplarmente conforme a la ley.
NOVENO: Demandamos al Gobierno Nacional promueva la apertura de las instancias de diálogo, y que exija a las autoridades municipales mayor transparencia en sus actuaciones públicas, anteponiendo los intereses del pueblo por encima de los intereses corporativos de las organizaciones, sectores y comunidades que se oponen a la minería.
DÉCIMO: Exhortamos a las autoridades civiles a cumplir con su deber de someter a consulta e informar a la ciudadanía de los proyectos que puedan impactar a las comunidades y cuyas consecuencias podrían originar daños irreparables al medio ambiente.
DÉCIMO PRIMERO: Hacemos nuestras y constatamos las palabras expuestas durante la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Aparecida, Brasil (30 de mayo de 2007): "En las decisiones sobre riqueza de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas". En tal sentido expresamos nuestra preocupación ante la radicalización y exacerbación del conflicto minero, que tiende a criminalizar la protesta como mecanismo coercitivo para silenciar la voluntad de la población que se opone a la apertura de yacimientos mineros, en los territorios que han ocupado tradicionalmente.
DÉCIMO SEGUNDO: Consideramos importante implementar cuanto ante mecanismos de consulta entre las partes involucradas, en donde corresponderá al Estado mediar a través de sus instituciones y garantizar la paz social y la justicia.
Dado en el Municipio de Tela, departamento de Atlántida, a los 10 días del mes de junio del año dos mil trece.
PROVINCIA DE MISIONEROS CLARETIANOS DE CENTROAMERICA
