En un plazo máximo de 90 días, entrará en vigencia en el estado de Arizona, en Estados Unidos, una ley que criminaliza la entrada y permanencia de inmigrantes indocumentados en el estado. El fin de semana estuvo marcado por manifestaciones contrarias a la aplicación de la ley, que se promulgó después de la muerte de un miembro de las fuerzas del orden del país, con sospechas de haber sido asesinado por inmigrantes.
La Ley SB 1070 se firmó el último viernes (23) y está causando pavor en los miles de inmigrantes sin documentos que viven en el estado de Arizona. La medida, tomada por la gobernadora Jan Brewer, está siendo vista como la más dura y represiva en contra de los extranjeros y es considerada por el poder público local como una medida de protección de los ciudadanos estadounidenses y de prevención contra la delincuencia.
Cuando sea implementada en el estado, la ley permitirá que la policía identifique y detenga a todos los inmigrantes que no presenten de inmediato su documentación.
En el caso que la policía sospeche y tenga "dudas razonables" de que alguien sea extranjero ilegal, éste podrá ir preso. En el caso que la policía no efectúe la detención, cualquier ciudadano de Arizona podrá solicitar la detención por permanencia ilegal en el estado. Los inmigrantes indocumentados detenidos podrán permanecer seis meses presos y pagar multa de 2.500 dólares.
Con la aplicación de la Ley, existe fuerte probabilidad de que la propia población de Arizona se vea afectada, ya que de los 6,5 millones de habitantes del estado, 1,9 millones, lo que equivale al 30% de la población, es de origen mexicano. De esta manera, la existencia de rasgos físicos extranjeros podrá "levantar sospechas" en la policía.
Al tener conocimiento de la Ley, el Presidente estadounidense Barack Obama la consideró "irresponsable" y garantizó que el Departamento de Justicia verificará si la legislación promulgada por la gobernadora de Arizona viola los derechos civiles. "El pueblo estadounidense merece una reforma integral y juiciosa", dijo Obama haciendo referencia a su promesa electoral de reformar la ley de inmigración.
Incluso con la postura de Obama, los defensores de la Ley están seguros de su validez y legalidad, ya que el Congreso de Arizona y la gobernadora del estado tienen el derecho de aprobar la legislación que juzguen necesaria para el estado.
Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, viven actualmente en Estados Unidos cerca de 12 millones de personas sin documentos. De los cuales, 460 mil están en Arizona. Casi el 60% del total de inmigrantes que viven en Estados Unidos vienen de México, país fronterizo. Con la medida, la gobernadora Jan Brewer cree que disminuirá el flujo de entrada de drogas que llega por la frontera mexicana.
Defensores de los derechos de los inmigrantes, demócratas y todos aquellos que están en contra de la ley afirman que su creación y promulgación está vinculada a intereses políticos y apunta a atender a la demanda de republicanos conservadores para las próximas elecciones. Hasta inclusive el Senador John McCaine, ex-candidato a la presidencia que apoyaba la realización de una reforma migratoria integral está apoyando la SB 1070.
En una nota pública, el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, lamentó la decisión de la gobernadora y afirmó que "México utilizará todos los recursos diplomáticos, políticos y económicos a su alcance en respuesta a la firma de la Ley".
El domingo (25), cientos de personas estuvieron reunidas frente al Capitolio de la ciudad de Phoenix, en Arizona, para rechazar la promulgación de la Ley. Nuevas manifestaciones, actos de repudio y acciones judiciales se realizarán para decir no a la implementación de la Ley SB 1070, considerada discriminatoria.
Traducción: Daniel Barrantes
