"Ningún ser humano es ilegal" y por tanto los extranjeros con estancia irregular no pueden ser "encerrados" en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para ser expulsados sin garantías legales, como si hubieran cometido un delito, denuncia la ONG jesuita Pueblos Unidos en su informe "Atrapados tras las rejas".
A los CIE -donde pueden permanecer hasta 60 días– llegan extranjeros que carecen de residencia porque han perdido su trabajo, con hijos de nacionalidad española a su cargo, jóvenes que dicen ser menores inmersos en largos viajes migratorios y extranjeros que han cometido delitos para su expulsión, relata un informe realizado por esta organización religiosa.
Para documentarlo, ha hecho más de mil visitas a 328 personas internadas en el CIE de Madrid y recoge datos del centro de Barcelona, al que no pueden acceder las entidades sociales, basados en personas que han seguido a 55 personas internadas.
"Es un informe duro, pero más dura es la realidad de los extranjeros que viven dentro de los CIE, a los que se les somete a un sufrimiento gratuito", explica el jesuita y director del Centro Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza, quien recuerda al Gobierno que tiene la oportunidad de resolver todas las deficiencias y vulneraciones de derechos con el reglamento pendiente de aprobar para regular su funcionamiento.
Criminalizar los CIE
"Están todos mezclados, delincuentes y no delincuentes", ha dicho la coordinadora del informe, Cristina Manzanedo, quien ha reclamado mayor transparencia al Gobierno, al que ha acusado de criminalizar los CIE, cuando indica que el 87 por ciento de las expulsiones de extranjeros en 2012 fueron por la comisión de delitos.
Las condiciones de privación de libertad en estos centros son muy deficientes, no sólo por las infraestructuras, sino también por las posibilidades de ejercitar derechos como el de ser informados, comunicarse con el exterior o tener contacto con familiares o con entidades sociales, indica.
Angustia, sufrimiento y desesperanza
"Hemos constatado que las condiciones de muchos de los internos son muy malas; su detención provoca angustia, sufrimiento, desesperanza y sensación de que, en un momento, se les ha roto la vida", ha asegurado el religioso, quien ha recordado que en muchos de estos casos el motivo de su internamiento es no llevar la documentación requerida cuando la Policía se la pide en la calle.
Una vez acordado su traslado a los centros para tramitar su expulsión, la ONG denuncia que "no se analiza caso por caso" y que en la mayoría de las situaciones, atendiendo a su estancia irregular, se decreta su expulsión.
El informe también señala que se traslada a potenciales víctimas de explotación sexual, sin asesorarles sobre las posibilidades de defenderse, e incluye relatos de extranjeros que denuncian haber sufrido agresiones físicas dentro de los centros.
"Llegan personas que llevan muchos años viviendo en España, con arraigo, con entorno familiares estables, que han pedido su regulación y sin antecedentes penales", ha insistido la responsable del informe, quien han destacado de su estudio se deduce que el 27 por ciento de los internos son personas con condenas.
Revisar el modelo policial y social
La organización social reclama revisar este modelo policial y cambiarlo por un modelo de tratamiento social, que se establezca, entre otras medidas, protocolos de derivación médica entre los centros para evitar muertes, como la de Salba Martine, fallecida en Madrid el 19 de diciembre de 2011, que se encontraba enferma y había sido trasladada desde otro centro.
El coordinador de un grupo de voluntarios que trabajan en el CIE de Barcelona, Joaquim Pons, ha asegurado que "en los últimos meses se han incrementado el número de personas con antecedentes, pero eso no puede suponer meter en el mismo saco a todas las personas".
