Más de un millón de personas sufren cada año desalojos forzosos al ser expulsadas contra su voluntad y sin salvaguardias jurídicas de las viviendas o tierras que ocupan. Y eso, denuncia Amnistía Internacional, constituye “una violación de los derechos humanos que los gobiernos están obligados a prohibir e impedir”. Pero hacen justo lo contrario: recurren cada vez más a ellos, de modo que “numerosos asentamientos precarios son demolidos para dejar espacio al desarrollo urbano, para proyectos de embellecimiento de las ciudades o durante los preparativos con motivo de eventos internacionales” como los Juegos Olímpicos o los Campeonatos Mundiales de Fútbol.
. Las cifras de desalojos forzosos fueron ya impresionantes en los preparativos de las Olimpíadas de Seúl-1988, con 720.000 personas desplazadas, el 1,5% de la población surcoreana. Y volvieron a serlo una década más tarde, en el camino hacia Beijing-2008, cuando más de 1,25 millones de chinos fueron obligados a dejar su residencia por los proyectos de remodelación urbana relacionados con los Juegos Olímpicos.
Los datos proceden del informe “Juego limpio para el derecho a la vivienda”, publicado en 2007 por el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental especializada en ese ámbito. El estudio también constató problemas y abusos en Barcelona-1992 (el aumento de precios inmobiliarios ‘expulsó’ de la ciudad a la gente de menos ingresos), Atenas-2004 (cientos de romaníes fueron ‘alejados’ de los escenarios olímpicos) y, a mayor escala, Atlanta-1996, donde 30.000 personas fueron desplazadas y se emitieron 9.000 órdenes de detención contra personas sin hogar para ‘sacarlas’ de la calle.
La historia se repite ahora en Brasil. Y por partida doble, ya que albergará el Mundial de Fútbol de 2014 en una docena de ciudades y los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Hace apenas una semana que Amnistía Internacional, grupos de residentes, activistas locales del derecho a la vivienda y la ONG Witness, especializada en documentar en vídeo las violaciones de derechos humanos, exigieron al Comité Olímpico Internacional (COI) que pidiera a las autoridades el fin de los desalojos forzosos. “El COI no debe ser cómplice en tales abusos perpetrados en su nombre”, advirtieron en una carta conjunta.
Aunque las autoridades niegan que haya habido desalojos forzosos y aseguran que están indemnizando a las familias que pierden sus casas por las obras de infraestructura y otras en torno al estadio Maracaná, investigaciones independientes de AI y otras organizaciones locales e internacionales han demostrado lo contrario. La misiva al COI no deja lugar a dudas sobre los abusos: “Obligar a las familias a abandonar sus hogares sin aviso adecuado, sin previa consulta con los afectados y sin propuesta de alojamiento alternativo o provisión de recursos legales supone una burla de los valores que representan las propias Olimpiadas y vulnera las leyes y compromisos internacionales de Brasil en materia de derechos humanos”.
Dado su devastador efecto sobre el presente y futuro de quienes los sufren, apostilla Amnistía, los desalojos solo pueden ser el último recurso. En cambio, las autoridades suelen presionar y hostigar durante meses a los residentes para que acepten su desalojo bajo “condiciones infralegales”, lo que suele abocarles a un “reasentamiento en zonas casi siempre remotas, lejos de su comunidad y de sus empleos y escuelas”. Prueba de que esas malas prácticas han agravado la situación en el último año es que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, la urbanista brasileña Raquel Rolnik, reclamó también al Gobierno de su país que “detenga los desalojos previstos hasta que estén garantizados el diálogo y la negociación”.
Su queja se apoyaba en las denuncias recibidas en relación con las Olimpíadas de Río-2016 y con al menos ocho sedes del Mundial de Fútbol de Brasil-2014. Según la Unión de Movimientos de Vivienda de Sao Paulo, solo en esta ciudad serán 50.000 las familias expulsadas de sus hogares por el ‘megaevento’ balompédico. Y la propia Rolnik subrayaba que hasta en el mejor de los casos, cuando se compensa a los vecinos con un ‘cheque alquiler’ de unos 130 euros por 30 meses, ese dinero es “claramente insuficiente” para arrendar una vivienda, incluso en las favelas paulistas; además, su límite temporal acaba dejando en la calle a las familias. La relatora de la ONU pudo comprobar presiones de todo tipo, tanto en las favelas –para que se acepte la ayuda de alquiler o un pasaje de vuelta al lugar de origen de sus habitantes–, como en comunidades del nordeste brasileño que se resistían al desalojo y fueron amenazadas de muerte por paramilitares.
El telón de fondo de los desalojos forzosos es siempre el mismo: la pobreza. Y quedaba bien retratado por Amnistía Internacional en su informe “Asentamientos precarios. Los derechos humanos viven aquí”, publicado en mayo de 2009. “Si la pobreza es la peor crisis de derechos humanos del mundo, los asentamientos precarios son su manifestación más visible“, remarcaba AI tras cifrar en más de 1.000 millones las personas (en 2030 se duplicarán) que viven en las casi 200.000 comunidades que, bajo denominaciones como villa miseria, gueto o favela, comparten su condición de asentamientos precarios.
Cuando estos son demolidos con argumentos oficiales como el desarrollo y embellecimiento urbanos o la preparación de grandes eventos deportivos, “las víctimas de los desalojos son siempre los pobres; los grupos de población más pudientes casi nunca sufren desalojos forzosos y jamás desalojos masivos”. La cita, incluida en el citado informe de Amnistía, lleva la firma de ONU-Hábitat, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Y refuerza los motivos por los que AI ha incluido en su campaña “Exige Dignidad” la defensa de quienes viven en asentamientos precarios, donde queda patente “que las violaciones de derechos humanos son al mismo tiempo causa y consecuencia de la pobreza”.
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