La cultura de la solidaridad, base de los derechos humanos
La dignidad de cada persona humana constituye la base del Estado de Derecho. La dignidad deriva del respeto debido a uno mismo y a los demás como seres humanos. Los derechos humanos constituyen la expresión jurídica de un proceso en curso para proteger, respetar y garantizar una vida digna. Como cristianos, nuestro compromiso con la dignidad humana se deriva del reconocimiento de la persona humana creada como imagen de Dios. Esta es la base sobre la que descansan todos los derechos humanos.
Las garantías jurídicas de una vida en dignidad deben aplicarse de la misma forma para todas las personas que viven en un estado dado. Debe ser evaluada continuamente la compatibilidad de toda legislación – existente y propuesta – con las obligaciones de los derechos humanos. Para alcanzar el estado de derecho, las sociedades deben promover la solidaridad con aquellos que por sus características étnicas, religiosas, políticas o de otro tipo, se encuentran especialmente en riesgo de sufrir la violación de sus derechos fundamentales. Esa misma solidaridad que dicta que todos deben compartir la carga financiera del sistema social se debe aplicar en el contexto del ordenamiento jurídico.
La Conferencia de Comisiones Justicia y Paz de Europa desea esbozar las implicaciones de una solidaridad fundada en el respeto de la dignidad humana en la Europa actual.
Puesto que la seguridad social representa una necesidad elemental y fundamental para todas las personas, ésta constituye un derecho humano fundamental por razones de ética social. El estado del bienestar moderno tiene la obligación de proporcionar a todos los miembros de la sociedad la igualdad de oportunidades para el acceso a los recursos culturales, políticos y económicos pertinentes a través de un sistema de igualdad de derechos básicos. Existen obstáculos judiciales o de facto, como la condición jurídica de las personas que buscan asilo o de otros migrantes y deben reducirse, tanto como sea posible, las barreras en la estructura de los sistemas nacionales de seguridad social. La exclusión social derivada de la falta de oportunidades para participar en los procesos sociales y políticos es simultáneamente una violación de la dignidad humana y de la legislación vigente.
Con el uso amplio de los llamados perfiles étnicos o raciales en el trabajo policial se fortalece, consciente o inconscientemente, la estigmatización de determinados grupos de la población, sobre la base de su identidad étnica o religiosa. Los miembros de las fuerzas de policía por sí solos no son enteramente responsables de esta práctica. Detrás de las acciones visibles de la policía y otros agentes, se puede encontrar un patrón de cambio más profundo de la actuación policial. Hay un peligro real de que el uso generalizado de perfiles étnicos en la legislación antiterrorista pueda legitimar esta práctica.
La práctica común de detención de los llamados inmigrantes irregulares a menudo no se corresponde con las normas de la política europea de derechos humanos. Se ha señalado que las condiciones de detención de inmigrantes irregulares, solicitantes de asilo y refugiados en condiciones de hacinamiento son deficientes e inaceptables y tienen un impacto negativo en la salud de los detenidos.
La cuestión que conecta algunos de los problemas señalados anteriormente es la relación entre la libertad y la seguridad. La seguridad de la sociedad en su conjunto se presenta a menudo como un buen argumento para justificar limitaciones a la libertad de los individuos. Esto sugiere que se debe hacer una elección entre la libertad y la seguridad. Pero si la seguridad se declara un objetivo en sí misma, el fundamento del gobierno y el estado cambia fundamentalmente. El propio Estado, en lugar de las personas y sus necesidades, se convierte en el foco central de la actividad política y su preservación será el principal objetivo de los gobiernos. La legislación reciente contra el terrorismo en muchos países muestra efectivamente cómo, cuando los gobiernos están demasiado preocupados por la seguridad, a menudo no se dan cuenta de que están infringiendo los valores de la libertad que dicen defender.
Recomendaciones
La dignidad humana no se puede aplicar en mayor o menor medida, sino que debe aplicarse a todas las personas de la misma manera de acuerdo a la ley. La dignidad de la persona humana es universal y los derechos que conlleva deben estar garantizados sin ningún tipo de restricciones.
Así, recomendamos a la Unión Europea y a nuestros respectivos gobiernos que:
- Reduzcan las barreras judiciales y de facto existentes en la estructura de los sistemas de seguridad social nacional tanto como sea posible.
- Proporcionen el acceso a los beneficios del estado de bienestar sobre la base de la necesidad.
- Adopten una política social que evite la estigmatización y ayude de forma extensiva a la reintegración.
- Reconozcan que el uso de perfiles éticos por las autoridades estatales podría percibirse como una legitimación de su uso en otros ámbitos, haciendo aumentar así la discriminación contra determinados grupos.
- Organicen el alojamiento de los llamados inmigrantes irregulares según las normas de política europea de derechos humanos.
- Pongan fin a la criminalización y detención criminal de los llamados migrantes irregulares y solicitantes de asilo.
- Examinen cuidadosamente las leyes y otras medidas contra el terrorismo para garantizar que no atentan contra los valores de la libertad que pretenden defender.
Para solicitar el documento completo u otras sugerencias de CEJPC, contactar con:
Isabel Cuenca Anaya
Secretaria General de Justicia y Paz de España
Teléfono: 915061828
E-mail: sgeneral@juspax-es.org
La Conferencia de Comisiones Justicia y Paz de Europa (Justicia y Paz de Europa o CEJPC) es una red europea que agrupa hoy 31 comisiones nacionales de Justicia y Paz. Cada una está establecida o reconocida por la Conferencia Episcopal de su país. La secretaría de CEJPC está situada en París (Francia).
