El día del nacimiento de la hondureña Rosa María, su madre pensó que carecía de recursos materiales y emocionales para educarla, y decidió regalársela a una hermana. Esa decisión, nos relata un informe especial de Prensa Latina, marcó el inicio de una dolorosa niñez y propició el crecimiento físico en un hogar plagado de violencia y abuso de toda índole.
“Allí hicieron lo que les dio la gana conmigo”, relató a un grupo de periodistas la joven, que a los 14 años -según su propio testimonio- se volvió rebelde y vivió en las calles. Para ella, como para muchas mujeres en Honduras, donde pocos disfrutan de la seguridad económica y se adolece de una red pública confiable, determinar salir a las calles significó vender su cuerpo a fin de sobrevivir.
Después de 20 años, Rosa María por las mañanas expende caramelos, en las tardes ayuda a sus dos hijos, de 16 y seis años respectivamente, y por las noches trabaja como prostituta.
Honduras tiene en su haber a cientos de mujeres que se mantienen igual que el personaje de esta historia y entregan su cuerpo en las áreas más transitadas de Tegucigalpa, amén de recibir golpes o contraer enfermedades venéreas.
La difícil Centroamérica
Investigaciones oficiales estiman que dos mujeres jóvenes son violadas sexualmente y 12 golpeadas diariamente. Quienes toman ese tipo de vida, saben que a veces se obtiene paga y en otras ocasiones nada.
Datos generales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) revelaron que unos cuatro mil homicidios contra mujeres se registraron en Centroamérica entre 2000 y 2005.
La mayoría absoluta de las mujeres y las niñas centroamericanas subsisten con un tipo de agresividad específica, ligada a la pobreza y a la ubicación que la sociedad les impone en el ordenamiento familiar, religioso y laboral.
Desde el nacimiento hasta la vejez, ellas son maltratadas en el ámbito familiar, violadas y acosadas sexualmente en el trabajo y la escuela, mientras que el incremento delincuencial fragiliza aún más el derecho a la vida y el bienestar como ser humano.
Si esa violencia es acompañada por la indolencia de las instancias judiciales, el homicidio se convierte en un síndrome con muchos factores a su favor.
“El genocidio contra las mujeres se comete con la intención de destruir un grupo social, identificado por su sexo, para someterlo intencionalmente a condiciones de existencia que acarrean destrucción”, según la Asamblea General de la ONU en 1948.
Mirta Kennedy, del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, aseveró que no puede haber “feminicidio” sin la complicidad de las autoridades y los autores de crímenes.
Los organismos competentes no dan respuestas para frenar la situación, tanto por la debilidad jurídica como por la falta de voluntad política, lentitud para procesar las reformas legales y el desinterés en abordar el problema, añadió.
Cárcel sobre cárcel
Las mujeres no escapan de la discriminación y el abuso en el sistema carcelario hondureño, del cual las mujeres constituyen sólo un dos por ciento de la población. Grupos humanitarios de la ONU especificaron que las mujeres sufren una triple segregación: la derivada de su condición, la impuesta por el encierro, y la sufrida por los pobres y excluidos, sobre quienes el sistema penal se ensaña.
Certificaron que son las víctimas preferidas de actitudes agresoras y modelos de conductas sociales aprendidas, que involucran abuso físico y psicológico.
Tal situación de exclusión la sienten las encarceladas de varias formas: en la gravidez, en la crianza de sus hijos, en el derecho a la patria potestad, en las violaciones sexuales, en la prisión y en el abandono familiar.
Testimonios de reclusas, difundidos en la prensa local, certifican que muchas veces las representantes del mal llamado sexo débil son chantajeadas por funcionarios penitenciarios, quienes les ofrecen algunas “prebendas” a cambio de favores sexuales.
Cuando en los correccionales se realizan operaciones en busca de armas o drogas, el trato es especialmente indigno para el cuerpo de las mujeres.
Legislaciones penitenciarias establecen que en las galeras, las mujeres deben permanecer separadas de los hombres y ser vigiladas por personal femenino.
Sin embargo, las autoridades hondureñas pasan por alto la ley y generalmente son abandonadas a su suerte, responsables, a su cuenta y riesgo, de sobrevivir, incluso cuando necesitan de cuidados especiales antes, durante y después del parto.
Escalofriante resulta conocer que las cárceles centroamericanas albergan en total a 200 mil reos, más de 12 mil instalados en prisiones hondureñas, y de ellos, nueve mil esperan tras las rejas sin juicio ni condena.
En Centroamérica, Honduras se ubica a la cabeza de la lista de personas presas sin sentencia e índices de hacinamiento, pues se estima que donde se construyeron instalaciones para albergar a cinco personas, se mantienen encerrados de 30 a 50 internos.
Existen, en esa nación, 24 centros penales construidos para una capacidad inicial de 218 presos cada uno, pero allí se concentran actualmente unos 462.
A las jaulas van a parar aquellos sobre quienes la sociedad ejerce a diario violencia económica, política y cultural.
Más allá de las maras
Las condiciones de pobreza en el país, que afectan al 80 por ciento de los casi siete millones de hondureños, dejan una densa estela de inseguridad, inoperancia y la desconfianza en el proyecto judicial y en la policía.
Grandes medios de comunicación manejan consignas para “interpretar” la violencia y la inseguridad que reinan en la sociedad: responsabilizan de todo a las pandillas o maras.
Pero las estadísticas oficiales no los respaldan: la delincuencia juvenil apenas significa el cinco por ciento de las infracciones, crímenes y delitos cometidos en la nación.
Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ilustró que dos terceras partes de las y los menores muertos de manera violenta, ni pertenecían a bandas delictivas ni tenían antecedentes de infracción de leyes.
Zelaya, indiferente
A ello se suma la indiferencia del gobierno del presidente hondureño, Manuel Zelaya, ante la ola de violencia que golpea a las mujeres del país, lo cual generó diversas protestas de organizaciones femeninas.
Decidieron movilizarse frente a la Casa Presidencial porque el Ejecutivo está ajeno al creciente asesinato de mujeres hondureñas.
Integrantes del Centro de Derechos de la Mujer conminaron a la administración a acelerar las investigaciones de los crímenes y otras agresiones físicas y psicológicas contra la población femenina en la porción centroamericana.
De enero a octubre de 2006, se registraron 128 muertes violentas de mujeres hondureñas, muchas veces a manos de sus parejas afectivas.
Guatemala, otra nación centroamericana sin leyes de amparo a las mujeres, registró alrededor de mil muertes violentas de niños, niñas y mujeres en los 10 primeros meses del año.
Nineth Montenegro, diputada y presidenta de la Comisión Legislativa de la Mujer, presentó un informe al Ministerio de Gobernación en el que reportó 566 mujeres y 332 menores asesinados por el narcotráfico, el crimen organizado o las pandillas.
Mientras, estadísticas llevadas a cabo por la Procuraduría de los Derechos Humanos elevan a 536 el número de niños y niñas que perdieron la vida a causa de la violencia.
Tales cifras se basan en registros proporcionados por la morgue del Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Hablan por sí mismos los conteos: de 2001 a mayo de 2005, en Guatemala perecieron mil 780 mujeres, casi 500 en Honduras, 117 en Costa Rica, cinco al mes en El Salvador, y en Nicaragua cada 10 minutos hay una situación de maltrato familiar.
(*) La autora es periodista de la Redacción de América Latina y el Caribe de Prensa Latina.
