El pasado día 23 el Congreso aprobó por amplia mayoría la ley para regular la gestión de la deuda externa, que hará posible que por primera vez España tenga un marco legal que vincula la deuda externa con el desarrollo. Será el segundo país europeo, después de Italia, con una normativa de este tipo.
Varios medios informativos recogieron la noticia:
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO
NOTICIA EN EL MUNDO:
El Mundo. 24-11-06
ASCIENDE A 1.198 MILLONES DE EUROS
EL CONGRESO APRUEBA UNA LEY DE DEUDA EXTERNA ORIENTADA A ERRADICAR LA POBREZA
•España se convierte en el segundo país europeo con una legislación de este tipo •Vincula la política de gestión de la deuda a la de cooperación al desarrollo •La sociedad civil tendrá la posibilidad de participar en la gestión de la deuda
El Congreso ha aprobado por amplia mayoría la ley para regular la gestión de la deuda externa, que hará posible que por primera vez España tenga un marco legal que vincula la deuda externa con el desarrollo. Será el segundo país europeo, después de Italia, con una normativa de este tipo.
La ley emplaza al Gobierno a presentar y aprobar antes de que finalice la actual legislatura un Proyecto de ley de regulación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y de los seguros de créditos a la exportación concedidos por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) para mejorar estos instrumentos que generan deuda externa.
También señala que dejarán de contabilizar como dinero que se destina a la cooperación las cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo una vez alcanzada la cifra del 0,7% del PIB, para lo que el Gobierno presentará las iniciativas oportunas a los Organismos Internacionales. El texto insta al Gobierno a que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, presente en el Congreso un plan para renegociar y, en su caso, cancelar la deuda contraída con España por los Países Altamente Endeudados (HIPC).
Apuesta por el desarrollo
El portavoz de Cooperación Internacional para el Desarrollo de CiU en el Congreso y ponente de esta proposición de ley, Carles Campuzano, -que no ha podido intervenir en el pleno al iniciarse el debate antes de lo previsto- ha expresado su "satisfacción" por el hecho de que esta regulación vinculará la política de gestión de deuda externa a la de cooperación al desarrollo.
La nueva ley aporta transparencia respecto a la gestión de la deuda, ya que contempla la participación de la sociedad civil, a través del Consejo de Cooperación, y apuesta por desvincular la ayuda oficial a la compra de bienes y productos españoles, uno de los caballos de batalla de las ONG. Estas medidas se dirigirán preferentemente a los países en vías de desarrollo con menor renta y mayor nivel de endeudamiento y, dentro de ellos, a los que sean prioritarios para la cooperación española.
1.198 millones no condonados
Actualmente, según datos del Gobierno a los que se remite CiU, la deuda externa no condonada asciende a 1.198 millones de euros, 636 millones de ellos de deuda oficial, mientras que los otros 562 millones corresponden a CESCE e ICO, que se reparten entre los 38 países altamente endeudados (HIPC).
Entre las medidas más destacadas de la propuesta, Campuzano subrayó que España se asegurará de que sus actuaciones de deuda externa se condicionarán al compromiso de los países deudores a reducir su nivel de pobreza, a avanzar en la democratización del país, a profundizar en el respeto de los derechos humanos o a la conservación del medio ambiente.
Satisfacción ’moderada’ entre las ONG
La ley ha sido bien recibida por los miembros de la Campaña ’Sin duda, sin deuda’, de la que forman parte la Confer, Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, y Redes, a pesar de que consideran que ignora aspectos clave para que "la política de deuda española contribuya a la resolución de un problema que lastra las posibilidades de desarrollo integral de muchos países", según la coordinadora de la iniciativa, Mercedes Barbeito.
La semana pasada los miembros de la campaña presentarón en el Congreso 58.000 firmas para solicitar la condonación de la deuda externa.
NOTICIA EN EL PAÍS:
UNA NUEVA NORMA REGULARÁ LA GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA
El País. 24-11-06, Sociedad, pag.55
España tendrá, por primera vez, un marco legal que vincula la deuda externa con el desarrollo. Será gracias a la ley que aprobó ayer el Congreso por amplia mayoría para regular la gestión de esta deuda. El portavoz de Cooperación para el Desarrollo de CiU, Carles Campuzano, promotor del texto, manifestó que se inspiró para su elaboración inicial en los movimientos católicos del Jubileo del año 2000, informa Efe.
La nueva ley convierte a España en el segundo país europeo, después de Italia, que cuenta con un texto dirigido a erradicar la pobreza y avanzar en el desarrollo de políticas de cooperación. El texto emplaza al Ejecutivo a aprobar antes de que acabe la actual legislatura un Proyecto de ley de regulación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y de los seguros de créditos a la exportación concedidos por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) para mejorar estos instrumentos que generan deuda externa.
La nueva ley también señala que dejarán de contabilizar como dinero que se destina a la cooperación las cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo una vez alcanzado el 0,7% del PIB, para lo que el Gobierno presentará las iniciativas oportunas a los organismos internacionales.
La deuda externa no condenada asciende en la actualidad a 1.198 millones de euros, según datos del Gobierno, y de éstos 636 millones de euros son deuda oficial, mientras que 562 millones corresponden a CESCE e ICO, que se reparten entre los 38 países altamente endeudados (HIPC).
La ONG Intermón Oxfam valoró la aprobación de esta ley, pero resaltó algunas “reivindicaciones históricas de la sociedad civil” que no ha recogido la norma. Esta ONG considera que el reconocimiento de la responsabilidad de España sobre la deuda contraída, así como la existencia de mecanismos que permitan auditar esa deuda no se han visto reflejadas en la norma. La Campaña ¿Quién debe a quién? se mostró aún más crítica y censuró que se evite admitir “la responsabilidad de la Administración española en el origen del endeudamiento de los países del Sur”.
