El Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Cáritas, alarmados por el aumento de las muertes en el paso fronterizo, el uso desproporcionado de la violencia en la valla de Melilla, las prácticas de expulsión realizadas bajo dudosa legalidad, la imposibilidad de solicitar asilo y las últimas agresiones contra inmigrantes subsaharianos en países de tránsito:
Queremos expresar nuestra más profunda consternación por las vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo desde hace meses en esta Frontera Sur de la Unión Europea, especialmente en Ceuta y Melilla.
Alertamos, en este sentido, sobre la “globalización de la indiferencia” que denunció el papa Francisco en la isla de Lampedusa, ante la deshumanización de la vida que estamos sufriendo en nuestras fronteras.
Alentamos a la sociedad a ir más allá del sensacionalismo que transmiten noticias aisladas e inconexas, y a tomar conciencia de las causas que producen sin interrupción estos hechos dramáticos.
Nuestra sociedad no puede tolerar leyes, ni actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni acuerdos sobre inmigración entre Estados que supongan mayores sufrimientos y vulneraciones de derechos hacia las personas. Nuestra pasividad e indiferencia refuerzan y legitiman este tipo de prácticas, que amenazan la vida y los derechos humanos de las personas inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados.
Consideramos que las medidas y actuaciones adoptadas en torno a la frontera únicamente consiguen incrementar aún más si cabe el sufrimiento, dolor y muerte de todas aquellas personas que están arriesgando, e incluso perdiendo, sus vidas mientras buscan bienestar, seguridad y protección a las puertas de Europa.
Debemos insistir, una vez más, que “la condición de irregularidad legal no permite menoscabar la dignidad del emigrante, el cual tiene derechos inalienables que no pueden violarse ni desconocerse”[1]. Es necesario subrayar, además, que entre quienes llegan se encuentran muchas personas refugiadas con derecho a protección.
Desde los trágicos sucesos de Lampedusa de hace un año, fruto de esa “cultura del descarte” que todo lo impregna y en la que vivimos inmersos, no sólo no hemos mejorado, sino que las políticas públicas de control de las fronteras y de acceso a protección internacional se han endurecido.
En el mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones para la Jornada Mundial del Emigrante de este año 2014, éstos ya pedían, entre otras cosas, “seguir abogando para que no se niegue el auxilio y la asistencia a los inmigrantes en situaciones de peligro para la vida”, en fidelidad a la que ha sido su línea de denuncia profética al respecto.
Urgimos a que las labores de protección y vigilancia de nuestras fronteras se realicen en todo momento bajo el más estricto cumplimiento de los derechos fundamentales, la legislación nacional y europea y los tratados internacionales ratificados por España. Y reclamamos como máxima prioridad en estos momentos evitar nuevos sufrimientos, respetar la vida humana y garantizar el derecho al asilo.
Basándonos en la narrativa de la Biblia –una narrativa de migración–, invitamos a todos los agentes de Iglesia, comunidades cristianas, y sociedad en general a mantener una actitud personal y colectiva de acogida y hospitalidad, junto a la máxima alerta y denuncia de estos hechos, que no son nuevos, y ante a los cuales no podemos mantenernos indiferentes.
[1] Juan Pablo II, mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones, 1995, n.1 y2
