El pasado 12 de mayo el presidente del Gobierno exponía en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas que comprenden la reducción de las retribuciones del personal del sector público desde junio de 2010, la congelación de las pensiones de jubilación en 2011 con excepción de las mínimas y las no contributivas, la supresión de la prestación por nacimiento, la supresión de la retroactividad de las solicitudes de prestaciones por dependencia al día de solicitud, la reducción de la ayuda oficial al desarrollo y la reducción de la inversión pública estatal. En esta semana un decreto- ley se publicará posiblemente para conferir fuerza legal a estas medidas.
Queremos pronunciarnos sobre estas medidas. No entramos en el juicio de su eficacia para reducir el déficit y mejorar la marcha de la economía. Pretendemos mirar la historia cercana como lugar donde el Dios de N. S. Jesucristo se manifiesta. Sabemos que su opción por los más pobres es el punto de vista desde donde quiere dar Buenas Noticias a todos, empezando por los que las reciben malas de parte de la vida.
El paquete de medidas que ha propuesto el presidente Zapatero en el Parlamento el 12-05-10 manifiesta que pagan los platos rotos de la crisis algunos de los sectores más débiles y traerá consigo una pérdida neta de bienestar grande para los sectores más desfavorecidos. No es, por tanto, un conjunto de medidas equitativas. Los recortes no afectan por igual al conjunto de la sociedad y especialmente no afectan a quienes se enriquecieron y causaron la crisis sino a quienes la están sufriendo.
Anuncia recortes en el gasto público, en las prestaciones sociales a los discapacitados y dependientes. Esto supone un robo infame de derechos y de dinero a miles de discapacitados y dependientes que nunca podrán salir a la calle a protestar contra esta medida.
El paquete recauda en el caladero de las personas que dependen de una nómina (jubilados y empleados). Es especialmente sangrante congelar las pensiones de los jubilados. Echamos de menos medidas políticas impositivas más justas que luchen contra la evasión y el fraude fiscal para que quienes han ocasionado la crisis aporten también su esfuerzo. Tampoco sugiere acciones para recaudar más impuestos sobre los beneficios extraordinarios que están obteniendo los especuladores y las grandes corporaciones y entidades financieras.
Retira el cheque bebé (que siendo en realidad una medida muy liberal el presidente presentó en su día como una de las grandes conquistas sociales de su gobierno) sin distinguir entre los más pobres y los ricos. Por último, reduce la ayuda al desarrollo con lo que pasa la factura de nuestras crisis a los más empobrecidos que viven más allá de nuestras fronteras. En estos días el número de hambrientos en nuestro planeta es el más alto de la historia.
Sabemos que en el núcleo del problema de esta crisis económica está la codicia, tanto a nivel individual como institucional, y un desprecio total por el bien común y el bienestar de todos. Esa codicia y ese desprecio por el bien común es el origen de estas medidas que pretenden salvaguardar las riquezas acumuladas por los especuladores financieros y traspasar la factura de sus deudas al conjunto de la sociedad y, especialmente, a los más empobrecidos. Tememos que después de estas medidas vendrá la anunciada reforma laboral que traerá más precariedad y pobreza a todos los trabajadores.
Nos duele, nos sigue doliendo el desempleo, los desahucios, los hogares con la luz cortada y sin agua, la pobreza que sufren tantos madrileños y que nos afecta a todos y especialmente a los trabajadores inmigrantes, a los jóvenes y a las mujeres. Nos hiere la crisis alimentaria mundial.
Por todo ello, a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, proponemos una economía y una sociedad al servicio de la persona, donde se respete la dignidad humana y se priorice al que sufre, donde los cristianos y todas las personas de buena voluntad vivamos la austeridad para compartir y defendamos pública y privadamente el bien común y el destino universal de los bienes.
• Reclamamos una mayor progresividad fiscal y un gasto público más redistributivo.
• Exigimos una Administración Pública con recursos suficientes y atenta a las necesidades de todos los ciudadanos, donde la responsabilidad sea premiada y la indolencia y la pereza sea perseguida.
• Reclamamos el apoyo público a las pequeñas empresas y a las empresas de economía social, el apoyo a la innovación tecnológica y a las organizaciones que trabajan con los más empobrecidos.
Nos comprometemos a continuar los esfuerzos de acogida y acompañamiento a todos los heridos por el paro y la precariedad. Nos comprometemos a cambiar nuestra propia vida, a cambiar nuestro consumo y nuestro ahorro en un consumo responsable, atento a las necesidades de los empobrecidos, apoyando l as redes de economía alternativa y la banca ética. No queremos desatender la lucha por la justicia. Es urgente nuestra participación en la vida social y política y el desarrollo de la ciudadanía democrática en las relaciones políticas y económicas. Para esto, hoy más que nunca, debemos combatir la ignorancia, denunciar los intereses particulares que atentan contra el bien común, y apostar por los valores del Evangelio y la dimensión de fraternidad en las relaciones sociales.
Delegación Episcopal de Pastoral del Trabajo y Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid
